Esto del “empleo público” empezó como el caldo de gallina… No, no es que otra vez les transmita mis ganas de fumar. Me refiero a que empezó, como el caldo, con los despojos…
Cada vez que cambiaba el partido en el poder, el triunfador, como un general después de una batalla, repartía el botín –los despojos- en forma de empleos remunerados entre sus incondicionales, pelotas o paisanos. Aparecía, así, un cortejo de cesantes hambrientos que sólo esperaba la vuelta de la tortilla para acceder a tan apreciadas sinecuras.
Galdós en sus “Episodios Nacionales” –“Mendizábal”- retrataba a D. José del Milagro que, en los inicios del régimen liberal, ya había pasado por catorce intendencias y sufrido siete cesantías.
Mesonero Romanos reflejó en sus “Escenas Matritenses” el tipo de cesante en la figura de D. Homobono Quiñones, a quien el “curioso parlante” aconseja una “oposición”, pero no una para ingresar en alguna Administración, sino la “oposición política”, ministerial que pueda ser “sistemática” o “de circunstancias”.
El ejemplo más representativo y definitivo del cesante, el D. Ramón de Villaamil de “Miau”, lo ambienta Galdós en los primeros años del régimen canovista. El apellido no es gratuito: Villaamil, como hay mil en la Villa y Corte y en el resto de villas y ciudades de España.
El sistema de despojos –“spoil system”- acompañó al régimen liberal y su supuesta alternancia política. En España, los intentos de López Ballesteros, todavía en el absolutismo, el Estatuto de Bravo Murillo en 1852 o el Estatuto de O´Donnell en 1866, no sirvieron para arreglar nada. La Restauración, con su turno pacífico, intensificó el despojo, y habrá que esperar a 1918, tras la Revolución rusa y las amenazas de las Juntas de Defensa, imitadas por los funcionarios, para que un gobierno de concentración, presidido por Maura, elimine de hecho la cesantía política, aunque el término no se suprimiría hasta 1954, y aunque, como consecuencia de la guerra civil, el despojo y botín de puestos públicos creciera hasta límites insospechados.
Surgió así el funcionario “de carrera” que se integraba claramente en la burguesía al disponer ya de una propiedad: el puesto “en propiedad”, la carrera…, lo que supuestamente lo hacía inmune a los bandazos políticos.
No obstante, y a pesar de esas buenas intenciones, además del peligro que supone la exclusiva defensa de los intereses de esa clase burocrática, todavía queda el peligro del mal uso político de esos intereses. Así se puede explicar que unos funcionarios, en una reivindicación salarial, amenacen con no ir a los actos electorales del partido que gobierna su institución, o incluso con montar una agrupación electoral de funcionarios agraviados, con la sana y exclusiva intención de hacer la puñeta al político de turno.
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